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Categoría: despido injustificado
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Asesoría en Materia laboral
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LUCHAS SOCIALES: Otro intento, Congreso Jalisco
«En la política es como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal».
John Fitzgerald Kennedy
Por Mónica Ortiz
El Congreso del Estado de Jalisco por fin se pone de acuerdo para reducir la obesa nómina después de escándalos, aviadores y una serie de problemas técnicos que también podríamos llamarlos desacuerdos. Aquella nómina que dicen heredaron de las dos legislaturas anteriores.
Al parecer, y según el pleno, votaron ya por eliminar 150 plazas de la plantilla de base del Congreso, según señala el acuerdo aprobado por los diputados locales, que les darían un ahorro significativo en presupuesto visible en el 2015.
Con el acuerdo, en lo jurídico los diputados tienen el campo allanado, saben bien hasta dónde los llevarían los procesos laborales de los despedidos y las cuentas las pueden hacer desde ahorita porque la ley ya contempla un tope de temporalidad en salarios caídos en Jalisco para los servidores públicos, hablando, claro, de procedimientos legales instaurados por quienes no estuvieran de acuerdo con su salida o con su indemnización de ley.
¿A quiénes van a despedir? A los empleados con sueldos mínimos que no tienen nexos o lazos importantes con algún político o grupo poderoso, porque en cuestión de diputados una cosa es lo que dicen y otra muy distinta lo que hacen, algunos siguen siendo políticos que no han comprendido su papel de representantes, de tal manera que habría qué cuidarles el «cómo y a quién».
Si el argumento sigue siendo que son bases heredadas de otras legislaturas o personal que no asiste, la operación es sencilla: mayor sueldo y que su relación laboral que date de cualquiera de las dos anteriores legislaturas.
En el ámbito legal laboral ahora sí ya van resguardados, las reformas a la Ley de Servidores Públicos, publicadas el 19 de septiembre del 2013 se los permiten, por lo que cualquier burócrata que en esta ocasión sea despedido y sienta que su baja es injusta podrá acudir ante la instancia legal, pero el tope máximo que podrá obtener son 12 meses de salarios caídos en caso de laudo favorable, más lo de ley.
Después de varios intentos por solucionar el tema de la nómina y ser congruentes con el supuesto plan de austeridad, en realidad nada les ha funcionado, han pasado de lo simple a lo complicado, tuvieron que detenerse a modificar la Ley de Servidores Públicos; sin embargo, no les garantiza ganar un juicio laboral, sólo limita al actor de la demanda, lo que quiere decir que para despedir a los 150 trabajadores del Congreso del Estado deberán ofrecer lo que marca la ley en caso de despido, no más ni menos, para evitar los juicios laborales.
Lo verdaderamente importante es que posiblemente en este otro intento de sanear las finanzas del Congreso, en esta ocasión tengan la suerte de disminuir la nómina, por fin, aunque hablando de sindicalizados y bases, pues el panorama no pinta sencillo.
Que corran las apuestas para ver si funcionó, pero sobre todo que en la lista de los 150 empleados estén todos los que son y deben ser realmente, apostemos por no politizar este asunto ¿será que se puede? Ser justos y congruentes, ¡va! la prueba del fuego, sin politiquerías.
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Revocación Pero sin Reflectores
Por Mónica ORTIZ
«Hay tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas”
Mark Twain
Escabroso, inestable y morboso tema el de la revocación de mandato.
Lamentablemente seguimos cayendo en los juegos pre electorales, usando a los ciudadanos para tejer la telaraña que atrapará a la mayor cantidad de votantes en las próximas elecciones y ahora por la vía de participación ciudadana con el eslogan de “yo te pongo, yo te quito”. Bien, en este tono vamos definiendo los conceptos propios del asunto en cuestión.
Resulta que hace días, en el municipio de Tlajomulco se realizó un “ejercicio de participación ciudadana” en el que un bajo porcentaje de la población asistió a plasmar un “SI” sobre si el actuar del presidente municipal en turno y su gestión.
La acción de someter algún cumplimiento importante del gobierno a la aprobación pública por medio de una votación dio como resultado (dicen) ”el esperado”.
Por otra parte, el Congreso del Estado busca que se apruebe la figura a nivel estatal argumentando que si es el ciudadano el que elige de forma directa al que lo representa, haciéndose cargo de administrar un estado o mnicipio, también tendría que ser éste el que le apruebe o en su defecto le repruebe su labor. En este caso se someta a la separación de su mandato, pero vamos siendo honestos: la figura sí existe a nivel estatal en nuestra Constitución local, está fundamentado en el artículo 76 a nivel federal y el 115, en la que los congresos tienen la atribución de revocar un mandato.
Pero no conformes, usamos los temas de moda (“de la moda lo que te acomoda”). Es cierto que por ejemplo en Chihuahua sí existe la figura jurídica, tomando como base la opinión del ciudadano en un proceso regulado por el Instituto Electoral del Estado, pero también es realidad que un proceso como estos lleva considerable gasto público. Y es aquí donde me salta la liebre ¿se justifica el gasto extra a favor de la persona en cuestión?
Hablando de ejemplos, sabemos que en ocasiones es necesario evaluar los ejercicios de gobierno, el más certero es el del presidente municipal de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso, quién en un texto afirma que (cito de memoria), su mayor evaluación es haber refrendado el cargo por segunda ocasión porque así lo quiso la ciudadanía. Y considero que no está tan alejado de la realidad, aunque con tal afirmación tampoco quiero negar el buen trabajo del actual presidente municipal de Tlajomulco.
Vámonos quitando las caretas, la solución a que los gobernantes dejen sus puestos si no dan resultados no está en los ciudadanos solamente, sino también está en leer, interpretar y aplicar nuestra carta magna, buscando mecanismos que nos permitan involucrarnos de cierto modo, a los ciudadanos, en un proceso participativo de apreciación de nuestros representantes ya en funciones, por medio de algún organismo ciudadano que eventualmente lo lleve a cabo como lo hace la encuesta del Índice de Corrupción Municipal.
Luego entonces que los resultados fueren alarmantes, en el caso de la remoción de mandato, se realice como lo marca la ley porque no sé si leen pero ahí está bien claro quién revoca. Como siempre es más fácil darle otra vez al ciudadano un tema en el que crea que están pensando en lo mejor para ellos, que están innovando en participación ciudadana, cuando en realidad están poniéndose enfrente del reflector para que su nombre no se les olvide cuando este aparezca en una boleta electoral.
Ejemplo de que la ley sí lo marca, y que se puede aplicar sin necesidad de usar el tema de aparador, es el caso en el 2009 de Rafael Acosta “Juanito” por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Lo bueno es que en esta región no tenemos “Juanitos” pero sí tenemos otros que son marrulleros desde chiquillos, como al que le dio por recordarnos el 10 de mayo u otros que cuando vacacionan (abandonando el trabajo legislativo) en Las Vegas.
Con dichas acciones frecuentemente nos recuerdan a los ciudadanos, con todo y nuestra valiosa participación, a razonar mejor nuestro voto por ello: no debemos olvidarnos de aquellos gobiernos municipales que cuando se les evalúa por medio del ciudadano, éste les grita CORRUPTOS.
En fin, ya me convenció el cantante Marco Antonio Solís, en eso que dice así: “¿a dónde vamos a parar?”, si seguimos siendo más de lo mismo.
Los invito, señores gobernantes, políticos y partidos, a que revoquen…. ¡sí, revoquen! pero sus prácticas disfrazadas de buenas intenciones, porque sólo nos pretenden dar democracia con el dedo.
Quien Esté Libre de Corrupción…
Por Mónica ORTIZ
Dice el estudio que evalúa el índice de corrupción en 5 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara que los resultados no fueron nada agraciados.
Los titulares de los principales periódicos gritaban: “Guadalajara a la cabeza”. Cierto, no es para menos el encabezado, impacta saber que no hay gran avance referente a la confianza del ciudadano con respecto al gobierno municipal.
Pero vamos más allá de las encuestas, antes de analizar la corrupción de la que se refieren. Aclaremos ésta primera ¿qué es la corrupción política? Es la ventaja, el abuso del poder público para un beneficio personal o privado; ¿cómo se cura este mal de la sociedad? Con la cultura de la transparencia, la denuncia oportuna, así como su seguimiento por consecuencia la correcta información de los medios para llevarlos a cabo en tiempo y forma.
Además el interés continúo del ciudadano en dejar de lado viejas prácticas ó costumbres en las que para evitarse la fatiga busca agilizar, obtener y negociar asuntos propios de gobierno o trámites burocráticos, se les hace muy cómodo eso de ofrecerle un soborno a los funcionarios que le atienden en una ventanilla: “Tanta culpa tiene el que mata la vaca, como el que agarra la pata”, es cuestión de ética pero sobre todo de admitir que en esto hay corresponsabilidad.
Pues sí lectores(as), es alarmante saber que todavía no son tan funcionales nuestros ayuntamientos y la cultura de la denuncia sigue en pañales de tela, porque, siendo sinceros, es más comentémoslo con nuestra conciencia cívica y ética, somos parte de un todo de una sociedad de un municipio y por consecuencia de una ENTIDAD FEDERATIVA en la que participamos, elegimos, decidimos y actuamos sin convicción.
¿Pero qué tal por conveniencia? En esa “cultura” ¿a poco no somos bien educaditos?; si vemos lo que marca la encuesta en cuestión de denuncia ciudadana y cayéramos en cuenta de que es la gran solución para erradicar o disminuir el problema de la corrupción, es ahí donde nosotros deberíamos preocuparnos como en este momento los municipios, con sus resultados.
¿Cuánto tenemos de culpa los ciudadanos que aceptamos dar dinero o bien nos damos cuenta de que la operación se realizó pero no denunciamos a tan finos servidores públicos?.
En cuestión de los ayuntamientos y sus formas de gobierno, habría que evaluar que la percepción de la ciudadanía es en general de completo desconocimiento sobre los medios para denunciar actos de corrupción y transparentar la información. Lo que sí me produce desconcierto es que el municipio más grande, cabecera de estado, no haya puesto sido cuidadoso en poner el ejemplo, pues suponemos cuenta con mayor infraestructura, recursos y medios idóneos para combatir la corrupción.
La lógica indicaría que hablando de proporciones poblacionales los municipios con menos concentración de ciudadanos y menor mecanismo gubernamental deberían ser o estar a la cabeza de esta encuesta del incide corrupción municipal.
En conclusión vamos educándonos los unos a los otros, evitando que un ciego guíe a otro ciego, obvio: por supuesto el que gobierna y el ciudadano, entonces él que esté libre de corrupción que no saque el primer billete de su bolsillo.
Despacho Jurídico ORBA 